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Otro caso de extradición de venezolanos vuelve a dejar en entredicho los métodos policiales

Arnaldo Tejera

C24H/ Los casos de extradición de venezolanos siguen dando qué hablar. No sólo las leyes han endurecido la entrada de estas personas provenientes del país sudamericano a Canarias sino que muchas veces la misma ley hace que muchos inmigrantes ilegales queden atados de pies y manos. Al menos, así lo piensa Albania Oyarzun, una abogada que denuncia públicamente a través de CANARIAS24HORAS.COM la "arbitrariedad" con que fue tratada una familia venezolana a la que ella defiende jurídicamente, separando a una cabeza de familia de su mujer y sus dos pequeños hijos.

Y la nota común: una vez más un agente de la Policía Nacional presuntamente agredía a una mujer cercana a la familia por el sólo hecho de pedir explicaciones sobre el procedimiento que se estaba realizando.

Wilmer y Deisy es un matrimonio venezolano que viajó a Tenerife en el año 2005 junto a su pequeño hijo buscando una mejor calidad de vida. Desde entonces él ha trabajado en oficios de albañilería sin contrato de trabajo por estar ilegal en la Isla. Al cabo de un tiempo, nace el segundo hijo de esta pareja en Tenerife. Al crecer la familia, Deisy se dispone a trabajar para ayudar con los gastos del hogar por lo que la emplean, también ilegalmente, en una cocina de un restaurante del sur de Tenerife. Se da la circunstancia que un inspector se percató de su presencia y al realizar las averiguaciones pertinentes le notifican que se le abrirá un expediente de expulsión.

Ella en ese momento manifestó que se encontraba viviendo con su esposo y tenían en común dos pequeños hijos. Fue entonces cuando el inspector de extranjería también citó a Wilmer y le abre igualmente un expediente. Al día siguiente, la letrada va en compañía de sus clientes y presentó las alegaciones, entre ellas que en pocos meses la familia podía solicitar el arraigo familiar ya que su segundo hijo había nacido en España y que aunque el niño sea hijo de inmigrantes ilegales residentes en Tenerife está en todo su derecho al cabo de un año de poder optar por la nacionalidad española. Aparte de esto, la abogada presentó una sentencia del Tribunal Supremo que establece que las personas que están ilegales y trabajando de igual forma sin tener antecedentes penales se les puede cambiar la expulsión por multa.

Albania Oyarzún dice que una vez presentadas las alegaciones, la Policía Nacional realiza la propuesta de resolución que ha de ser enviada a la Subdelegación de Gobierno y en base a esto se prepara la resolución definitiva. "Yo estaba esperando esa respuesta y resulta que el viernes 5 de octubre me llama Deisy y me dice que un agente de la Policía fue a su casa y se quería llevar a Wilmer (su esposo), y todo esto ocurrió en presencia de sus dos pequeños hijos", manifestó Oyarzún.

Relata que Deisy por no dejar a su esposo solo acude con él y el agente hasta el puesto fronterizo del Aeropuerto Reina Sofía. Una vez allí le informan que a las dos de la mañana sale en un vuelo para Venezuela. Esto lo hacen, según la abogada, un viernes a las seis de la tarde "y a esa hora los Juzgados Contenciosos Administrativos que son competentes en esta materia no están trabajando, y los Juzgados de Guardia que son penales no pueden ofrecer ningún tipo de ayuda porque es un tema contencioso".

Fue entonces cuando la abogada se personó en el puesto del Reina Sofía y en su afán de intentar impedir jurídicamente la expulsión de Wilmer, el funcionario allí de guardia le "amenazó" con extraditar también a Deisy y a los niños internarlos en un centro de acogida.

"Como letrada no puedo defender a mi cliente si me están amenazando prácticamente con expulsar también a la madre. Yo no denunciara este hecho si se tratara de un chico que tiene aquí cuatro meses. Estamos hablando de una familia que ha quedado separada. Yo estoy de acuerdo con las expulsiones pero se deben hacer de otras maneras y no existe una ley que explique detalladamente el procedimiento como tal y por tanto hay un vacío legal tremendo", indicó Oyarzun.

En medio de todo el trámite, la letrada le pregunta al funcionario del puesto fronterizo el por qué hacían este tipo de ejecuciones un viernes por la tarde cuando los abogados no pueden hacer nada y la respuesta fue que "esa es la idea, a nivel personal lo hacemos a propósito y hasta las gracias me tienes que dar porque debido a esto ustedes los abogados comen".

PRESUNTA AGRESIÓN POLICIAL.

Una vez que la abogada llega al Aeropuerto Reina Sofía, se entera que una amiga cercana a la familia de nombre Lucy, y que había acudido para apoyarles, había sufrido presuntamente una agresión física y abuso de autoridad por parte de un agente de la Policía Nacional que se hace llamar "Rafa".

Al parecer, y según relata Albania Oyarzun, Lucy quiso intervenir a favor de Wilmer preguntando las formas que se podía evitar la expulsión. Fue entonces cuando, siempre según el relato de la afectada, vino un agente la cogió por el cuello, la tiró al piso, le lastimó las rodillas, le ató las manos por detrás, le puso las esposas y el codo en el cuello, diciéndole que la va a detener y ponerle unos cargos.

"Cuando el agente se da cuenta la magnitud de lo que le hizo y que tenía las rodillas rotas, finalmente la dejó y le dijo que no le iba a poner la denuncia. Luego comenzó a bromear con ella para pasar el mal trago y le preguntó a Lucy si le iba a denunciar a lo que ella respondió que no y él le dijo que si cambiaba de opinión su nombre era Rafa", cuenta la abogada.

Cuando se entera de la situación, Albania comenta que acude nuevamente al puesto fronterizo para exigir el nombre completo de "Rafa" y le dijeron que no le iban a atender, que no molestara más y le cerraron la puerta. Acto seguido, le recomendó a Lucy que si no quería poner la denuncia por miedo pues que fuera a un centro de salud y le hicieran un informe médico. "Allí le hicieron una placa y le dijeron que sufría una contractura en el cuello por lo que el médico que la atendió le dijo que aunque ella no iba a poner la denuncia, ellos están en la obligación de oficio de ponerla por lo que informaron a la policía de los hechos tal cual ella les contó", dijo Albania.

FAMILIA SEPARADA.

Finalmente Wilmer fue expulsado. Su esposa Deisy y sus dos pequeños hijos quedaron en Tenerife, a la espera de lo que puedan pasar con ellos. La policía le dijo a Deisy que fuera al Consulado de Venezuela y sacara el pasaporte de su segundo hijo y una vez que lo tuviera le llamaran para mandarlos a todos a Venezuela.

"Esto fue un ensañamiento para perjudicar a una familia y mi conclusión puede ser discriminación y xenofobia, porque su aspecto físico es de guajiros venezolanos", afirma Albania.

Para Oyarzun, el procedimiento de expulsión es "arbitrario" porque cuando la expulsión es inmediata no se puede acceder a la justicia y es por eso que la Policía ha optado por hacer la ejecución en horas y días determinados en que los abogados no pueden hacer nada ni salvaguardar los derechos de sus clientes.

Las medidas que se están llevando para impedir situaciones como éstas es la elaboración de un documento por parte de las asociaciones de venezolanos que será entregado este miércoles al Parlamento de Canarias y que se proceda a su debate en la Cámara. Entre tanto, la abogada intentará solicitar el arraigo familiar para Wilmer y Deisy a pesar de que éste ha sido expulsado y no podrá entrar a Europa por un periodo de tres años.

Albania Oyarzun se puso en contacto con esta redacción a última hora de este martes para informar que pudo conocer este mismo día que su cliente Wilmer tenía el pasaporte vencido. Un hecho que ella desconocía en el momento de la expulsión, y que pudo evitarse. De esta forma, para la abogada se deja en entredicho la legalidad del procedimiento ejecutado por la Policía Nacional de extraditar a una persona con su pasaporte vencido. La pregunta que se hace es ¿cómo es posible que alguien pueda montarse en un avión de esa forma?. La duda quedará.

Tomado de canarias24horas.com